Finalizado el año 2019, el cuadro de la República Argentina nos mostró, una vez más, la imagen de un país golpeado por los elevados índices de Deuda Social. También dividido por una grieta que en vez de haberse diluido, parece consolidarse día tras día; una grieta que se manifiesta como una mezcla de contenidos de ideología partidaria con elementos de tipo clasista, lo que determina, por un lado, la configuración de diversos grados de adhesión u oposición hacia las políticas públicas aplicadas por los gobiernos de turno, y por otro, los contenidos de los enfrentamientos discursivos que se dan cotidianamente en la sociedad.
La deuda social
La Deuda Social no es algo nuevo. Si observamos la historia argentina a partir del retorno a la democracia veremos que la Deuda Social, es decir, el déficit en las capacidades de desarrollo humano e integración social de la población, siempre registraron índices elevados.
En tal sentido, la cuestión social se manifiesta como un problema estructural que ninguna de las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos de turno pudieron solucionar. Así las cosas cabe preguntarse ¿existió intención real por parte de los gobiernos de turno en revertir los elevados índices de deuda social?, ¿existe tal intención en el gobierno actual?
Si nos guiamos por los antecedentes, podría inducirse que elevados índices de deuda social fueron funcionales para los gobiernos de turno; pareciera ser que no existe un interés firme por parte de la clase dirigente en disminuir los niveles de deuda social, ya que ello les permite tener cierto dominio sobre sectores sociales que contribuyen a reforzar su poder.
Un panorama del nivel de deuda social
Tomemos como referencia uno de los factores que se consideran al hablar de Deuda Social: la pobreza.
Los índices de pobreza registrados en el país finalizado el 2019 alarmaron a todos los sectores de la sociedad; también fueron noticia en muchos lugares del mundo. Y este flagelo es sólo uno de los problemas a que hace referencia la idea de Deuda Social en la cual también puede incluirse a la indigencia, así como a la falta de acceso a la educación, a la salud, a la justicia y a un hábitat digno. Es una realidad que gran parte de la sociedad argentina viene atravesando hace tiempo.
El fracaso de la gestión de Mauricio Macri en tal sentido fue elocuente. El 35,4 % de personas en situación de pobreza que reflejó el Informe del INDEC correspondiente al 1er. Semestre de 2019, nos mostró la brecha sustancialmente distante a la “pobreza cero” prometida por el ex presidente.
Al desglosar las cifras del Informe del INDEC, observamos que ese 35,4 % está conformado por un 27,7 % de pobres no indigentes y un 7,7 % de pobres indigentes. Llevando el foco hacia los hogares, observamos que el 25,4 % se encuentran debajo de la línea de pobreza, esto es, un 19,9 % de hogares no indigentes y un 5,5 % de hogares en condición de indigencia. 
Aún más, el 3er. Trimestre del año 2019 reflejó que las cifras suministradas por el INDEC siguieron creciendo.
Según las mediciones realizadas por el Observatorio de la Deuda Social Argentina que funciona bajo la órbita de la Universidad Católica Argentina, el nivel de pobreza alcanzó al 40,8 % de la población, es decir que hasta fines del mes de Septiembre pasado, 16 millones de personas se encontraban en situación de pobreza.
Habrá que esperar la publicación de los informes del último trimestre de 2019 para ver la evolución de los índices; la tendencia no es alentadora, el incremento continuo de las cifras refleja cómo la pobreza va absorbiendo mes a mes a miles de ciudadanos argentinos.
La historia se repite. Desde el retorno a la democracia ningún gobierno pudo llevar los índices de pobreza por debajo de los dos dígitos. Una publicación realizada por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) sostiene que la tasa de pobreza medida por ingresos, en los últimos 30 años, nunca fue menor al 25 %.
El contexto no es alentador para la República Argentina, los niveles de caída de la actividad económica, así como los de alza de la inflación y el desempleo, potencian el flagelo de la pobreza.
¿Por qué Argentina no puede revertir la historia?
Ante la falta de una visión estratégica de nación, los vaivenes de las políticas públicas que se dan con cada cambio de gobierno con ideologías políticas opuestas, no permiten solucionar los grandes problemas estructurales del país y alimentan también el agrietamiento de la sociedad. No hay un acuerdo social respecto a una proyección estratégica de nación.
El presidente Alberto Fernández al iniciar su gestión tuvo que hacerse cargo de una posta sobrecargada de conflictos. Lo mismo que Macri en su momento, lo mismo que Kirchner en el suyo, y así con cada cambio de gobierno con idearios políticos distintos. En todos los casos la Deuda Social fue uno de los problemas estructurales que los gobiernos tuvieron en común.
La administración Macri fracasó en ese y en otros tantos aspectos; la administración Fernández pretende hacerse fuerte mostrando interés por la población con menores recursos; mientras tanto en la sociedad se va reafirmando el agrietamiento en función de las políticas que se aplican.
La era de Alberto Fernández
Durante su discurso al asumir la presidencia, Alberto Fernández prometió tomar cartas en el asunto, “queremos un estado presente, constructor de justicia social”, sostuvo el mandatario.
También manifestó que el eje de su política de gobierno se centraría en atender a la población más necesitada, no es para menos, era una de las cuestiones de agenda política que requerían (y requieren) urgencia de gestión.
En tal sentido, el presidente inició su mandato promoviendo rápidamente la sanción de la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Ley 27.541).
¿Desarrollo social o acción social?
El contenido de la norma da cuenta de ciertas pautas de política pública para hacer frente a los problemas socio económicos coyunturales que atraviesa Argentina, pero ¿qué pasará con el tratamiento de los problemas estructurales?, ¿qué pasará con la deuda social estructural que presenta Argentina?
Como se dijo más arriba, mantener ciertos niveles de deuda social puede ser funcional para los intereses de un gobierno. La Ley 27.541 no deja de ser un instrumento paliativo para atender un problema estructural de larga data. Se está aplicando una política pública de acción social en vez de una de desarrollo social. Se está aplicando una táctica para contrarrestar una situación particular en vez de atacar el problema de manera estratégica. 
Existe una diferencia sustancial entre la acción social y el desarrollo social. A la acción social debe asociársela con el significado de filantropía, es decir, la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio.
En tal sentido, la acción social se refiere a las actividades voluntarias que realizan entidades de distintos tipos, poniendo a disposición de la población más desfavorecida una porción de sus recursos. Aquí la motivación es de origen filantrópico y la acción está orientada a dar respuesta a una demanda puntual, es decir, es reactiva y se orienta hacia lo exterior.
El desarrollo social implica crecimiento, progreso sucesivo; y este se logra mediante una planificación estratégica que contemple acciones integrales para mejorar, entre otras cuestiones, la educación, la justicia, la infraestructura y el desarrollo económico de la sociedad en su conjunto.
Alzando como estandarte de su gestión a la idea de solidaridad, el presidente pareciera querer personificar al legendario Robin Hood, quitando una porción de riqueza a los que más tienen para ser distribuida en los que menos tienen.
La idea de solidaridad propuesta por el gobierno nacional para con los más necesitados, es cuestionada por los sectores que consideran ser los motores generadores de la riqueza de la nación. La solidaridad debe ser voluntaria, cuando hay imposición deja de serlo.
Ahora ¿qué rol pretende la sociedad que asuma el Estado?, ¿el de entidad solidaria o el de gestor de políticas públicas eficaces? Aquí también se manifiesta la grieta social; dependerá de dónde esté parado quien evalúe la cuestión, de la subjetividad de su percepción. Quien vive en una situación de pobreza de larga data difícilmente evaluará las opciones de la misma manera que alguien que pasó a ser parte de esa porción de la población recientemente, o por aquellos que gozan de cierto bienestar socioeconómico por estar en las franjas de clase media y alta.
En un Estado democrático, no caben dudas de que el gobierno debe hacer frente a situaciones de emergencia puntuales mediante acciones solidarias, pero al constituirse como entidad solidaria sin sustentarse en un plan estratégico, corre el riesgo de perder el horizonte y caer en un círculo vicioso de aplicación de acciones coyunturales, postergando indefinidamente de esa manera la solución del asunto.
El tiempo se encargará de darnos las respuestas pero hoy la nación continúa divida entre quienes se adhieren al rumbo propuesto por el nuevo gobierno y aquellos que no. Así como lo fue cada vez que hubo un cambio de gobierno con posturas distintas, aquí también generó tanto adhesiones como malestar en varios sectores de la sociedad.
¿Cómo se perfila el futuro?
En su reciente exposición en el Instituto de Estudios Políticos de París , el presidente argentino destacó que el gran debate en América Latina es cómo encarar el futuro para darle mayor igualdad a sus sociedades, sosteniendo que “la desigualdad es un problema ético que tenemos como sociedad”. En ése mismo escenario destacó las bondades de recursos naturales con que cuenta tanto el continente americano así como el país, atribuyendo a la desigualdad como la causante del sufrimiento de millones de personas, desigualdad dada por “la brecha que separa a los ricos de los pobres (…) por la concentración de la riqueza en unos pocos y la distribución de la pobreza en millones «. También agregó ¿Hasta dónde podemos seguir viviendo con semejante desequilibrio?
La reflexión propuesta por Alberto Fernández respecto a la desigualdad social marca un rumbo y propone un gran desafío. ¿Será la Ley 27.541 la herramienta que dé el puntapié inicial para solucionar tales problemas o quedará en la historia como una política más de acción social?
La Deuda Social argentina requiere de una visión de largo plazo, donde las políticas públicas sean consideradas de manera integral y respetadas por quienes sean elegidos como representantes de la sociedad en su conjunto. El desafío, como se dijo, es grande.
En el contexto actual, donde el Sistema de Indicadores Sociales reafirma el clima de crisis socioeconómico en que se encuentra Argentina, las acciones que se tomen deben formar parte de una estrategia que sea aceptada por la sociedad en su gran mayoría; una estrategia que genere cohesión, que tienda a diluir el agrietamiento social, que sea el puntapié inicial para combatir los problemas estructurales del país. ¿Utópico?, tal vez. En un país tan inestable como el nuestro, una vez más nuestros lideres políticos tienen la oportunidad de corregir los errores históricos para construir una nación mejor, donde la deuda social y la división de su comunidad se transformen en cuestiones coyunturales. ¿Existe tal interés?. El tiempo nos dará la respuesta.
